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Sacábamos a la luz hace unos días la situación que vive un grupo de trabajadores subcontratados por la GISS y consentida por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Estos trabajadores  llevan casi tres meses sin cobrar y nadie les ha dado aún una solución digna, ni su empresa ALBA TECHNOLOGY (empresa a la que pertenecen y subcontratada por INSA), ni INSA (adjudicataria del servicio en la GISS), ni la propia GISS, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

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Después de publicar la noticia la semana pasada varios trabajadores de ALBA TECHNOLOGY subcontratados a la Administración Pública a través de empresas interpuestas nos comunicaron que se encuentran en una situación parecida. Solamente INDRA tiene subcontratados cerca de 75 trabajadores de Alba Technology, la mayoría trabajando en la Administración Publica y varios de ellos en la GISS, los cuales no han cobrado la nómina de marzo sin que ni Alba ni INDRA ni por descontado la GISS se haya dignado en ofrecerles alguna alternativa.

Pero volvamos al grupo de trabajadores subcontratados por INSA. Lejos de darles una solución, continúan presionándoles, siendo así que INSA ya ha comunicado a ALBA TECHNOLOGY que el 31 de mayo rescindirá el contrato que tiene con ella, quedando así estos trabajadores desvinculados de su puesto de trabajo en la GISS, siendo sustituidos por nuevo personal.

Asimismo, INSA ya ha comunicado también a la GISS que ese mismo día, 31 de mayo, será el último día de trabajo en la GISS para este grupo de trabajadores si no acceden a firmar un nuevo contrato con General Software, perdiendo derechos y condiciones laborales.

Ante estos comunicados, la GISS, a pesar de depender del Ministerio de Empleo (organismo se supone debería velar por los derechos de los trabajadores), parece acatarlo todo y permitir que estos trabajadores sigan sin cobrar y sean sustituidos por no acceder a firmar este precario contrato y mantenerse firmes en su postura de ser subrogados por INSA con la totalidad de derechos y condiciones.

De momento, tanto la GISS, como INSA y ALBA TECHNOLOGY, ya han sido demandadas por  Cesión Ilegal de Trabajadores.

Esta costumbre viene de lejos, ya el 27/10/2010 (BOE 18/01/2011) la Comisión Mixta de las Cortes Generales para las relaciones con el Tribunal de Cuentas advirtió a todas las Administraciones sobre la práctica reiterada de contratar personal laboral que incurría en el ilícito laboral y penal de Cesión Ilegal de Trabajadores.

Esta práctica delictiva es especialmente significativa en el Ministerio que todavía continúa presidiendo Fátima Báñez (Ministerio de Empleo), en el que el Organismo dependiente de éste, la Gerencia Informática de la Seguridad Social (GISS), ha hecho de esta práctica ilícita el comportamiento habitual.

Consiste ello en subcontratar con empresas privadas externas servicios de informática que también presta el personal funcionario, las cuales a su vez suelen subcontratar este servicio, pero cuyo control y dirección es efectuado por el personal funcionario de dicho Organismo tanto en lo que afecta a los funcionarios como a los trabajadores contratados o subcontratados por estas empresas externas.

Esta práctica delictiva -les importa a los responsables ministeriales un bledo las advertencias de las Cortes, y las consecuencias económicas que tiene para el propio Ministerio- resultan especialmente sangrantes en una de sus últimas adjudicaciones: contratan a trabajadores de una empresa denominada INSA para prestar servicios profesionales en el GISS, y ésta, a su vez, subcontrata con trabajadores de otra empresa denominada ALBA TECHNOLOGY, y así todos juntitos con los funcionarios y bajo la dirección y supervisión de los jefes funcionarios realizan el trabajo de informática del Organismo GISS del Ministerio de Empleo.

Esta escandalosa situación, que es consentida, alentada y mantenida por los responsables del Ministerio -con frecuencia y periodicidad se encuentran con Sentencias que condenan a éste por la Cesión Ilegal descrita- se agrava porque a los trabajadores de la subcontratada ALBA, su empresa aparente no les ha abonado el salario de los meses de febrero y marzo 2014 y, con toda probabilidad, tampoco les abonará el de abril, viéndose obligados a continuar realizando sus funciones como si se respetasen sus más elementales derechos, incluido el de supervivencia.

Y a esta situación se llega porque estos trabajadores están llevando a cabo acciones de reconocimiento de derecho a la existencia de  Cesión Ilegal de Trabajadores contra el Ministerio y contra las empresas mencionadas, reaccionando éstas con la amenaza cierta de no pagarles el salario, o pretender regresarles a no se sabe qué puesto si no acceden a firmar un contrato aceptando pasar a una nueva subcontrata que sustituya a ALBA, y todo ello apoyado por el Ministerio que tan brillantemente gestiona Fátima Báñez y que para evitar su responsabilidad directa en tales hechos permite y exige estas prácticas ilegales e ilícitas.

¿Y éste es el Ministerio que se denomina de TRABAJO y EMPLEO? Seguimos con la desvergüenza nacional.

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